Durante las décadas de 1960 y 1970 del siglo XX, América Latina vivió, de manera sistemática y estratégica, un proceso de militarización, el cual utilizó como acto político de expresión, como puesta en escena, la forma del golpe de Estado. Si bien la literatura política acuñó este término para describir la irrupción de gobiernos de facto asociados a un tipo específico de autoritarismo, en el curso de este proceso el término golpe de Estado adquirió la particularidad de expresar la captura del Estado por instituciones militares a partir de un acto material y simbólico. Material, en la medida en que fueron golpes que utilizaron infraestructura propia de una situación de guerra, movilizando sofisticados recursos para la conquista efectiva de instituciones organizadas exclusivamente desde el poder civil. Simbólico, debido a que dichas instituciones no sólo representaban los puntos más significativos del campo político (llámese casa de gobierno, ministerios, medios de comunicación, universidades), sino que, además, sobre ellas se desplegó un conjunto de códigos altamente jerarquizados destinados a inundar el ámbito público de un principio de excepcionalidad, hasta entonces, propio de situaciones catastróficas o de agresión externa.
La toma violenta del Estado, en cuyo seno descansaba el poder político mismo, se convirtió, desde la década de 1960 en una práctica recurrente de las instituciones de defensa nacional, constituyéndose no sólo en actores fundamentales del proceso de cambio que sufrió el continente, sino en garantes del curso irreversible que este proceso adoptó en los años siguientes. Se trata de un proceso de cambio que implicó diversos planos de la escena nacional, y que podrían ser resumidos en la abolición de la idea tradicional de Estado y de la centralidad de las instituciones públicas que le acompañaban en el ejercicio de articulación de la vida política en sociedad.
En este contexto de militarización, los golpes de Estado constituyen un acto fundacional de lo que podríamos llamar un nuevo escenario estatal a través del cual comenzaría a expresarse una forma inédita de administración de la vida política y de los asuntos públicos: una entelequia administrativa excepcional que, con el tiempo, destruyó el horizonte de acción que el Estado nacional latinoamericano había históricamente trazado.
En este sentido, el Estado, cuya historia en América Latina es indisociable de una violencia política que atraviesa con sistematicidad el siglo XX, vive a raíz de este proceso de militarización una transformación paradigmática. No sólo se dará fin a la estructura tradicional de Estado, a partir del cual los proyectos modernizadores encontraban su realización programática (en el "Estado nacional desarrollista" o en el "Estado nacional populista", por ejemplo); sino que, a su vez, toma lugar la "extinción" de la idea misma de Estado, de su protagonismo ideológico, digamos: de su condición de aparato. El Estado pierde así su centralidad en las decisiones políticas y económicas, relevando su lugar a la estructura supranacional del capitalismo mundial.
Esta pérdida ocurre de modo consustancial al agotamiento sistemático (y sintomático) de la sociedad civil y de las prácticas públicas tradicionales, describiendo con ello un estado de época que fue denominado en la década de 1990 como neoliberalismo. Éste no sólo debe ser entendido aquí como un conjunto de axiomas económicos, concibiendo lo económico como una esfera particular de la cuestión nacional. Por el contrario, debe entenderse como un programa continental de articulación de la fuerza social, que fue producto de un proceso histórico de disciplinamiento riguroso de la sociedad civil y sus relaciones políticas. De este modo, la instalación regional del neoliberalismo describe un acontecimiento político más que económico, puesto que las llamadas políticas económicas puestas en práctica a lo largo de este proceso de militarización -privatización, desregulación, liberalización, descentralización, por nombrar algunos lugares comunes- constituyen, en rigor, una economía política que tuvo como principio el desmantelamiento del Estado nacional y su estructura ideológica como promotor exclusivo del desarrollo económico. No obstante, algunos de estos procesos la descentralización o la modernización del Estado pudieron ser vistos con cierto optimismo político al inicio de las transiciones a la democracia, lo cierto es que en términos efectivos, concretos, constituyen parte esencial de la despolitización del Estado en América Latina. Más allá de los eufemismos e ideologemas que nutren los discursos políticos contemporáneos en torno a la necesidad de "profundizar" reformas estructurales del Estado latinoamericano, habría que preguntarse con rigor si acaso estas reformas no fueron el salvoconducto que requirió el capital internacional para hacer más "competitiva" la Región respecto de los intereses transnacionales.
Ahora bien, en este contexto específico de militarización, el golpe al Estado representa el último acto contra el Estado latinoamericano. Digamos que el Estado no sólo es tomado por fuerzas político-militares hasta entonces reincidentes en el ejercicio autoritario del poder, sino que, además, dichas fuerzas tienen por objeto destruirlo (el caso chileno es literal) al punto de diluir el contenido de las relaciones políticas entre Estado y sociedad civil. No se trata, esta vez, de que los golpes sean expresión de la precariedad estructural de las instituciones políticas latinoamericanas, es decir, de su "incapacidad de encauzar y absorber el conflicto político al interior de un marco de estabilidad". Por el contrario, se trata de un fenómeno que rompe la estructura misma a través de la cual el campo político y el Estado regulaban el conflicto social, administrando el desarrollo económico en torno a proyectos políticos nacionales.
Desde esta perspectiva, la última gran transformación del campo político latinoamericano acontece cuando el Estado es despojado militarmente de su condición histórico-tradicional de administrador de la vida pública. Esto es, cuando los gobiernos militares pongan en funcionamiento una racionalidad represiva destinada a eliminar parte sustancial del campo político con el fin de despolitizar la esfera pública hasta entonces vigente. Una vez que el Estado sea brutalmente despolitizado, perderá centralidad como articulador de la vida pública, conduciendo un conjunto de reformas estructurales que lo llevarán hacia su minimización absoluta, tal vez su forma más acabada.
Los golpes militares al Estado que comienzan a registrarse desde 1964, en Brasil, extendiéndose por la década hasta mediados de la década de 1970, marcan un periodo de grandes transformaciones en la estructura política y económica de la región, teniendo como característica central tanto la puesta en marcha de severas reformas al Estado, como también el despliegue de una política represiva sobre amplios sectores de la sociedad civil. Desde el golpe de Castelo Branco, 1964, o el golpe del general Onganía en Argentina, 1966, comienza a gestarse un nuevo tipo de violencia político-militar que tiene como objeto intervenir el Estado y reorientar la sociedad civil en torno a un paradigma de dominación hasta entonces inédito. Se inaugura así "un proyecto de dominación continental, de naturaleza hegemónica", que reescribe la relación histórica entre inestabilidad política e intervención militar, a partir de la cual, el fenómeno dictatorial encontraba su explicación más requerida.
S1 Bolivar Luis (TSU27)
fuente: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952010000300008
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